Autora: Verónica Haro (@howeveroni)
Muchas son las quejas, denuncias y críticas que recibe la televisión pública española por la falta de neutralidad y pluralismo político. El Consejo de informativos de RTVE denunció a mitad del año 2015 “la manipulación progubernamental que están sufriendo los servicios informativos” de TVE. Este consejo, que es independiente de los trabajadores, consideró en su momento que las normas deontológicas eran “habitualmente incumplidas en lo que se refiere a imparcialidad, pluralidad, veracidad y objetividad, convirtiéndose por el contrario en un instrumento de propaganda al servicio del Gobierno”.
Como ejemplo a la falta de imparcialidad y objetividad por parte de TVE para tratar diversos temas de interés general podemos hablar de la entrevista que realizó Mariló Montero, presentadora del programa matinal “La mañana de la 1” a la socialista María González Veracruz. En dicha entrevista la presentadora increpa y cuestiona de forma acusatoria a la socialista dejando ver que no está conforme con el pacto del PSOE con ciudadanos y que Partido Popular es quien tiene la mayoría que el pueblo le ha otorgado. En este caso la periodista está vulnerando el artículo 9 del capítulo II del código ético de la UNESCO.
El poder ejecutivo, además, en ocasiones ha sido criticado de utilizar la televisión pública como instrumento adoctrinador en beneficio propio. Un claro ejemplo es la programación que durante cada año, los días 12 de octubre, se emite en la televisión pública. El año pasado con motivo de la festividad nacional, TVE mantuvo la bandera española en toda su programación, además de retransmitir el desfile del ejército, y seguidamente centrar los informativos en el desfile y en la festividad en sí. El 12 de octubre es una fecha cada vez más criticada por toda Latinoamérica, ya que lo ven como un recordatorio del día en el que los españoles invadieron las tierras de los nativos masacrando e imponiendo su voluntad a los indígenas.
El cambio de ley para elegir al del director de la corporación RTVE (antes la mayoría de dos tercios del congreso y ahora mayoría parlamentaria) fomentó una instrumentalización por parte del gobierno. Se deberían hacer políticas para impedir que un medio de comunicación, que debería ser el paradigma de la democracia, por estar financiado con dinero público, se convierta en una herramienta para manipular a la opinión pública. Considero que con esta forma de proceder se está vulnerando el artículo 8 del código deontológico de la FAPE.
“El control ideológico de los nuevos responsables orgánicos de los servicios informativos de TVE que incumplen de forma reiterada sus principios deontológicos, apartándola de los criterios de imparcialidad, pluralidad e independencia que deben ser comunes a las televisiones públicas de corte occidental, y convirtiéndolos en un mero órgano de propaganda gubernamental”, denunció en su día el Consejo de Informativos.
Por otro lado tenemos a la Asociación de Usuarios de la Comunicación que en 2014 mostró su preocupación por el tratamiento que la televisión pública estaba haciendo del “procés català”. La AUC argumentó que era muy evidente que TV3 se posicionaba a favor y que TVE1 solo mostró argumentos en contra en la Diada Catalana del 11 de septiembre. Este tratamiento de la información falta a la verdad por lo que se está incumpliendo, en su totalidad, el artículo 13 del código deontológico de la FAPE.
El Procés impulsado por Artur Mas y perseguido (y criminalizado) por Mariano Rajoy también logró que el Colegio de Periodistas de Cataluña exigiera en público “preservar el rigor, la profesionalidad y la neutralidad de cara a las próximas elecciones del 27S y a no repetir “errores recientes”.
A su vez el PSOE también emitió una denuncia contra TVE, en noviembre de 2015, ante la Junta Electoral Central por considerar su derecho a la pluralidad política vulnerado en época de campaña electoral.
El problema que tiene la televisión pública es la dependencia absoluta del gobierno y el financiamiento público. Cabe mencionar que con los hechos expuestos arriba la televisión pública en conjunto con los periodistas que se prestan a ello, están vulnerando todos los artículos del capítulo I y II del código ético de la UNESCO y con ello el principio de libertad periodística.
Deontologia Periodística 